Un juez ordenó el embargo del salario de la diputada libertaria Lorena Villaverde por una demanda millonaria

La Justicia civil de Bariloche ordenó el embargo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde en el marco de una causa por el incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas. La medida cautelar fue dispuesta por el juez Santiago Morán a pedido de un damnificado local y alcanza un monto cercano a los 40 millones de pesos.

La resolución se dictó en el contexto de una demanda por daños y perjuicios vinculada al emprendimiento “Tajamar”, impulsado por Lorena Villaverde como desarrolladora. El demandante presentó el boleto de compraventa del terreno y reclamó que, pese al paso del tiempo y a los pagos realizados, nunca se concretó la entrega del lote ni las obras de infraestructura comprometidas.

El magistrado consideró acreditados los requisitos necesarios para avanzar con el embargo preventivo y dispuso que se retengan fondos de las remuneraciones laborales de la legisladora —excluidas las asignaciones familiares— hasta cubrir 27 millones de pesos en concepto de capital, más otros 13,5 millones estimados provisoriamente por intereses y costas. Las sumas deberán depositarse en una cuenta judicial del Banco Patagonia y la orden fue comunicada formalmente a la Cámara de Diputados.

Si bien la sentencia se encuentra bajo reserva judicial, trascendió a partir de las actuaciones de las partes. El juez aclaró que la cautelar no implica una definición sobre el fondo del litigio, que continuará su curso para determinar eventuales responsabilidades contractuales.

El conflicto no es un caso aislado. La diputada libertaria afrontó otras causas civiles similares vinculadas al mismo desarrollo inmobiliario, algunas de las cuales tramitaron en el juzgado de San Antonio Oeste y se resolvieron mediante acuerdos privados, sin llegar a instancias de sentencia.

En paralelo, otra demanda avanza en el ámbito judicial de la provincia. En ese expediente, iniciado recientemente, se reclama un embargo preventivo por 31 millones de pesos y una indemnización total que podría alcanzar los 100 millones, entre daño moral y sanciones punitivas. El caso también se relaciona con la compra de un lote en el emprendimiento Tajamar, adquirido en 2020 y, según la demanda, nunca entregado ni escriturado.

Desde la defensa de Lorena Villaverde, en presentaciones previas, se habían argumentado demoras vinculadas al impacto de la pandemia en los plazos de ejecución de las obras. Mientras tanto, los procesos judiciales continúan su curso y suman presión sobre la situación judicial y política de la legisladora.