El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo pidió a la Justicia que le devuelvan 80.000 dólares y 2.000 euros que le secuestraron de una caja de seguridad, en medio de los operativos para investigar un caso de corrupción en el organismo. Spagnuolo argumentó que tenía ese dinero desde antes de ser funcionario.
Spagnuolo fue indagado por la Justicia acusado de liderar una organización que direccionaba las compras de medicamentos de alto costo para discapacitados o beneficiarios de planes sociales, con sobreprecios y cartelizando esas adquisiciones entre un grupo de droguerías.
Junto con Spagnuolo fueron indagados otros 15 sospechosos y el juez debe decidir sus situaciones procesales. El abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, planteó al juez que quiere que le retornen los 80.0000 dólares y 2.000 euros que estaban en la caja de seguridad del exfuncionario.
El argumento es que ese dinero estaba en poder de Spagnuolo en una caja de seguridad desde un año antes de ser ingresar a la función pública. Además, dijo que nunca entró a esa caja de seguridad desde abril de 2023, antes de ser designado por el presidente Javier Milei como titular de la Andis.
Por eso, argumentó que ese dinero no puede tener vinculación con la función pública. Antes de decidir, el juez va escuchar al fiscal Franco Picardi que tiene delegado el caso y al querellante, que es la Fundación Poder Ciudadano. De acuerdo a fuentes judiciales, se descuenta que ambos se opondrán a esta medida.
De hecho, la presencia de ese dinero es uno de los elementos de cargo que tuvo en cuenta la fiscalía cuando acusó a Spagnuolo. Los bienes del ex titular de la Andis -eyectado del gobierno tras el escándalo de los audios- se incrementaron desde que ingresó a la función pública.
Este caso se inició por la difusión de audios de Spagnuolo, donde admitía que en su organismo se compraban medicamentos con sobreprecios y dijo que se pagaban coimas que iban a manos de la secretaría general de la presidencia Karina Milei. En los audios filtrados, Spagnuolo expresaba su malestar con “los Menem” porque le habían impuesto a funcionarios del macrismo.
Incluso decía que uno de ellos, Daniel Garbellini, era un “ladrón”. Los audios, difundidos en el streaming Carnaval, cuya propiedad se adjudica al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aunque el directivo lo niega, fueron objetados por la defensa de Spagnuolo porque sostienen que son falsos y que fueron elaborados con inteligencia artificial.
La Cámara Federal ordenó peritarlos. La defensa se funda en que esos audios son falsos y argumenta que todo el proceso debe ser declarado nulo. Sin embargo, el fiscal Picardi y el juez Casanello avanzaron con la recolección de evidencia, a partir del contenido de los celulares de los sospechosos, y pudieron establecer la existencia de una organización que direccionaba las compras en beneficio de determinadas droguerías.
La causa expone lo que el fiscal define como un “entramado delictivo” montado dentro del organismo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios sistemáticos en medicamentos e insumos críticos. Un procesamiento implicaría avanzar con las sospechas sobre los acusados para que luego la Cámara Federal revise esa decisión.
En caso de que la confirme, los implicados en esta primera etapa irían camino al juicio oral. Según la hipótesis fiscal, la maniobra incluía además el pago de sobornos a funcionarios públicos con capacidad de decisión dentro de la Andis.
Los remedios se adquirían en el Programa Incluir Salud, dirigido a personas en situación de extrema vulnerabilidad: titulares de pensiones no contributivas, madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con discapacidad sin otra cobertura médica. Supuestamente, la maniobra se efectuaba mediante la manipulación del sistema informático SIIPFIS.
Miguel Ángel Calvete, conocido en los medios como referente de supermercadistas chinos en la Argentina, es considerado en la Justicia como un verdadero “director paraestatal de la Andis” y el principal garante del despliegue y funcionamiento del esquema ilegal. A su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del ministerio de Economía, le secuestraron US$700.000 en su casa.
La mujer dijo que ese dinero era de su padre, que le prestaba el departamento. Supuestamente, Calvete está asociado a droguerías proveedoras de insumos, en particular INDECOMM S.R.L. y Profarma S.A. Se lo acusa de gestionar numerosos pagos indebidos a funcionarios de ANDIS, incluyendo a Spagnuolo, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno.
Los investigadores encontraronó evidencia de que solicitó 5 millones de pesos en efectivo para Spagnuolo. La defensa del exfuncionario señaló que ese dinero era para un viaje a Israel, que no se hizo. Y sostuvo que las fotos donde se ve a Spganuolo con una mochila en lo de Calvete no se corresponden con la fecha del requerimiento del dinero, sino dos meses después.


