La disputa por Punta Venado

Ha pasado un mes desde que el juzgado séptimo de distrito de Quintana Roo, negó de manera definitiva el amparo solicitado por Calica, la filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials que durante cuatro décadas extrajo materiales pétreos en predios cercanos a Playa del Carmen, Quintana Roo.

Dicha sentencia ratifica la clausura total de las actividades mineras en el perdió La Rosita, que abarca más de 50,000 hectáreas, decretadas hace tres años Área Natural Protegida.

Esa resolución, empero, no ha cerrado el caso. El curso de las demandas que inevitablemente resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación inevitablemente se cruzará con la resolución de la CIADI sobre el arbitraje solicitado por Vulcan Materials, al amparo del T-MEC.

En vísperas de la revisión del tratado comercial, el caso Calica podría volverse emblema de los reclamos estadounidenses, ante la aplicación arbitraria de la legislación local, y la necesidad de “blindar” las inversiones.

Adicionalmente, el Congreso de Estados Unidos avanza en una legislación que podría reconfigurar el conflicto por los terrenos de Calica, en Quintana Roo, propiedad de Vulcan Materials, y abrir un nuevo frente en la relación económica con México.

La Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa Defending American Property Abroad Act, un mecanismo que busca proteger inversiones estadounidenses frente a expropiaciones consideradas ilegales.

La propuesta contempla impedir el ingreso a puertos de EU de embarcaciones que utilicen instalaciones bajo disputa, lo que en los hechos significaría un bloqueo comercial para el puerto operado por Vulcan en Playa del Carmen.

El caso Calica se ha convertido en el expediente emblemático. Tras la suspensión de actividades de extracción de piedra caliza y la disputa por el uso del predio en mayo de 2022, Washington ha escalado la defensa de la empresa y ahora opta por una vía legislativa que desborda los cauces de arbitraje internacional.

Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció dos puntos clave en este conflicto. Primero que los terrenos de Vulcan y la terminal marítima son propiedad privada de la compañía, y segundo que se continúa buscando un acuerdo a través de la Secretaría de Economía que lleva Marcelo Ebrard, que podría incluso permitir que la empresa realice su actividad extractiva en otros terrenos.

Y es que la resolución final del arbitraje que se dirime en el CIADI, que es un tribunal internacional en materia de inversión, podría dictar un fallo final en la primera mitad de este año, lo que coincidiría con el inicio de la renovación del T-MEC con Estados Unidos. Según versiones dentro de Economía, es urgente resolver este conflicto previo a esta fecha, pues si el arbitraje resulta a favor de Vulcan, México tendría que pagar el monto de la indemnización que supera los 1,500 millones de dólares.

¿O será que Sheinbaum actúe como López Obrador y desconozca los laudos como ocurrió con la empresa canadiense Lion Mexico Consolidated y la estadounidense Odyssey Marine Exploration?

Efectos secundarios

SUSPICACES. El gobierno corporativo de Libertad Servicios Financieros sufrió un ajuste drástico que ha llamado la atención de los reguladores, quienes interpretan estos movimientos como un riesgo de que la entidad financiera baje su nivel de capitalización próximamente. Si bien Libertad logró salir de la crisis que vivió tras la captura de Juan Collado, su principal accionista, en los últimos meses la compañía ha perdido terreno frente a sus principales competidores.

EXPRESIONES. En la Venezuela contemporánea, las expresiones artísticas dan un nuevo significado de identidad a sus habitantes y la obra del artista yanomami Sheroanaware Hakihiiwe conjuga un lenguaje visual que la retrata con rotundidad. En la Ciudad de México, su trabajo estará expuesto entre el 5 y el 8 de febrero en las galerías ABRA y PROXYCO. Vale la pena.