Un estudio reciente del Cato Institute puso cifras concretas a la discusión sobre si los migrantes representan una carga para las finanzas públicas. El trabajo analizó casi 30 años de datos fiscales y llegó a una conclusión: lejos de generar un problema presupuestario, fueron un factor clave para reducir el déficit y aliviar la deuda pública.

Los inmigrantes en la economía de Estados Unidos: tres décadas de impacto fiscal

El estudio titulado “Immigrants’ Recent Effects on Government Budgets: 1994–2023” (“Efectos recientes de los inmigrantes en los presupuestos gubernamentales: 1994–2023“), elaborado por David J. Bier junto a Michael Howard y Julián Salazar, es el primero en evaluar de manera integral el efecto fiscal neto de los inmigrantes —legales e indocumentados— sobre los presupuestos federales, estatales y locales durante un período tan extenso.

A diferencia de otros trabajos que se concentran en un solo año o proyectan escenarios futuros, esta investigación se apoya en datos reales acumulados a lo largo de casi 30 años.

El hallazgo principal del informe fue que, desde 1994 hasta 2023, en todos y cada uno de esos años, los inmigrantes pagaron más en impuestos de lo que recibieron en beneficios públicos. No se trata de una excepción ni de un fenómeno puntual, sino de una tendencia sostenida que, además, se intensificó con el tiempo.

De acuerdo con el análisis del Cato Institute, el superávit fiscal generado por los inmigrantes en ese período alcanzó los 14,5 billones de dólares. Para dimensionar esa cifra, el estudio plantea un escenario contrafáctico: sin la presencia de inmigrantes, el déficit acumulado del gobierno estadounidense habría sido de US$48 billones. En términos reales, la inmigración redujo el rojo fiscal en casi un tercio durante las últimas tres décadas.

Por qué los inmigrantes resultaron fiscalmente positivos para Estados Unidos

Una de las preguntas clave que aborda el trabajo es cómo puede ser que los inmigrantes aporten tanto en un contexto de déficit generalizado. La respuesta está en la estructura misma del presupuesto público estadounidense. Una parte muy significativa del gasto se destina a bienes públicos “puros”, como el presupuesto militar o el pago de intereses de deudas pasadas. Estos costos no dependen del tamaño de la población y deben afrontarse haya o no inmigración.

El estudio muestra que, cuando se comparan los ingresos tributarios con los gastos que sí escalan con la población —como educación, salud o programas sociales—, los inmigrantes generan más recursos de los que demandan. Para que una persona adicional sea fiscalmente positiva, basta con que produzca ingresos y consuma beneficios en niveles promedio. En el caso de los extranjeros, los datos indican que superan ese promedio tanto en recaudación como en menor uso de prestaciones.

Más trabajo, más impuestos: el rol de los inmigrantes

Aunque los inmigrantes suelen percibir salarios por hora más bajos, su impacto fiscal es mayor por un factor decisivo: trabajan más. Las tasas de empleo entre la población extranjera fueron significativamente más altas que entre los nacidos en EE.UU., lo que se tradujo en mayores ingresos per cápita y, en consecuencia, en una mayor contribución tributaria.

El informe detalló que los inmigrantes pagan más impuestos de lo que correspondería a su peso demográfico. En otras palabras, generan una porción de la recaudación superior a su participación en la población total, un dato que contradice la idea de que su aporte es marginal o insuficiente.

Menor costo en jubilaciones y educación

En el análisis del gasto público, los inmigrantes no generan costos significativamente más altos en ningún rubro relevante. Por el contrario, producen ahorros notables en dos áreas clave: beneficios para adultos mayores y educación.

En el caso de las jubilaciones, el menor gasto no se debe a que los inmigrantes no envejezcan, sino a que son mucho menos propensos a recibir pensiones gubernamentales. Muchos no califican para el Seguro Social o Medicare porque llegaron al país norteamericano en etapas avanzadas de su vida laboral, no acumularon los años de aportes necesarios o tienen estatus migratorios que los excluyen de esos programas.

En educación, el ahorro es aún más evidente. La edad promedio de llegada de los inmigrantes es de alrededor de 25 años, lo que implica que EE.UU. recibe trabajadores ya formados sin haber financiado su educación básica.

¿Qué pasa con el acceso a la asistencia social por parte de los inmigrantes?

Otro punto sensible del debate es el acceso a programas de ayuda estatal. El estudio concluyó que los inmigrantes no son grandes usuarios del sistema de bienestar. A pesar de tener tasas de pobreza más altas, utilizan niveles promedio de asistencia basada en necesidades, como cupones de alimentos, Medicaid, créditos fiscales reembolsables o seguros de desempleo.

La explicación radica en las restricciones legales: una parte importante de los inmigrantes, especialmente los indocumentados, no es elegible para la mayoría de estos programas.