El reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de docentes y no docentes se hizo visible este lunes en Plaza Houssay, punto de encuentro de varias facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aunque de una manera inusual para uno de los principales corredores universitarios de la ciudad. El paro convocado por el Frente Sindical Universitario coincidió con el inicio del cuatrimestre y dejó una escena atípica: pocos estudiantes circulando, aulas cerradas y la actividad académica suspendida hasta el sábado. En paralelo, en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docentes, no docentes y estudiantes cortaron el tránsito en Puan y la avenida Rivadavia.

Entre las facultades de Ciencias Económicas y Medicina de la Universidad de la UBA, la mañana transcurría con un ritmo mucho más calmo que el habitual para un lunes de cursada. En los accesos a los edificios se veían algunos alumnos que se acercaban para confirmar si había clases, pero rápidamente se enteraban de que las cursadas no se dictaban y se retiraban, tal como confirmó LA NACION durante una recorrida por la zona.

En Económicas, las puertas de las aulas permanecían cerradas y los pasillos tenían escaso movimiento. En Medicina, la escena era similar: algunos estudiantes llegaban para averiguar si había actividades, aunque la mayoría de las cátedras había suspendido las clases por adhesión al paro.

“Vine a ver si había alguna comisión o práctica porque recién empieza el cuatrimestre y todavía no sabíamos bien qué pasaba”, contó Tomás Iuzzi, estudiante de primer año de Medicina, que se acercó hasta la entrada del edificio. “Pero nos dijeron que hoy no hay cursadas”.

A pocos metros, Martina Ponse, que cursa el ciclo biomédico, dijo que decidió acercarse igual para despejar dudas. “Vine más que nada para ver si había algún aviso, pero nos confirmaron que las clases están suspendidas”, señaló.

Mientras que en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) el panorama era similar. Los pasillos del pabellón de Ciudad Universitaria tenían menos movimiento del habitual para un inicio de cuatrimestre y varias aulas permanecían cerradas. Algunos estudiantes se acercaban igual para averiguar si habría clases o para buscar información en los carteles pegados en las entradas. “Vine porque era la primera clase de la materia y no sabía si se daba o no. Llegué, pregunté y me dijeron que estaba todo suspendido por el paro. La verdad es que uno queda medio desorientado”, contó Tomás Roldán, estudiante de segundo año de Diseño de Imagen y Sonido, que después de esperar unos minutos decidió volver a su casa. “Igual banco 100% el reclamo de los docentes. Si los salarios están como dicen, es lógico que protesten. Pero estaría bueno que haya más claridad para los estudiantes sobre qué va a pasar con las clases”, agregó.

La medida forma parte de un conflicto que se arrastra desde 2024 y que impacta sobre más de 2.000.000 de estudiantes de universidades públicas en todo el país. Los gremios denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes cercana al 40% en los últimos dos años y reclaman la reapertura de paritarias. También cuestionan que el Gobierno siga sin aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025 tras un extenso debate legislativo.

Esa norma —la ley 27.795— establece la recomposición salarial de docentes y no docentes, la actualización de becas estudiantiles y partidas específicas para gastos de funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y técnica. También prevé convocatorias periódicas a paritarias con mecanismos de actualización automática. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI.

Sin embargo, su implementación quedó trabada. El Gobierno la suspendió en el mismo decreto con el que la promulgó, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una cautelar y en diciembre la Justicia ordenó su aplicación “inmediata”. El Ejecutivo apeló esa decisión e intentó apartar al juez que interviene en la causa, aunque la Cámara rechazó ese planteo la semana pasada.

El profesor universitario Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, sindicato de docentes de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida tiene un alto nivel de adhesión.

“La adhesión hoy es total porque confluyen todas las federaciones de trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. No va a volar una mosca”, afirmó. Según explicó, el nivel de participación responde a que la convocatoria fue impulsada por todo el sistema gremial universitario. Para el resto de la semana, señaló, el panorama podría variar porque los gremios no docentes no continuarán con la medida. “Del martes en adelante el paro queda solo en manos de los gremios docentes, pero igualmente esperamos mucha adhesión”.

El dirigente sostuvo que el conflicto salarial generó un fuerte malestar dentro de la comunidad académica. “Hay mucho hartazgo”, dijo. En ese contexto, describió la situación de muchos docentes universitarios con altos niveles de formación y trayectoria. Según indicó, hay profesores con doctorados, máxima antigüedad y cargos de dedicación simple —unas 10 horas semanales— que perciben salarios cercanos a los $379.000, cifra que, afirmó, refleja el deterioro del sistema.

Perazzi advirtió además que el impacto comienza a verse en la estructura docente de algunas facultades. “En la Facultad de Agronomía, entre renuncias y licencias prolongadas, ya se alcanzó cerca del 15% de la planta docente”, indicó. “No tenemos registro de algo así en la historia reciente de las universidades nacionales”.

La docente universitaria Mercedes de Mendieta, dirigente de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) y diputada electa por Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, sostuvo que el paro tendrá alcance nacional.

“Estamos ante un paro contundente de la docencia universitaria de todo el país, de Tierra del Fuego a Jujuy”, señaló De Mendieta. Según explicó, la medida se vincula con el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y la recomposición de los salarios docentes.

La dirigente advirtió además que el deterioro salarial ya está generando consecuencias en el sistema. “Más de 10.000 docentes han tenido que dejar de dar clases y buscar otros trabajos frente a la miseria salarial”, afirmó.

Como ejemplo de la situación, mencionó el caso de los cargos iniciales. “Hoy un ayudante de primera con dedicación simple, que trabaja unas 10 horas semanales, está cobrando alrededor de $220.000, es decir cerca de $2200 por hora”, indicó.

Mientras el conflicto continúa en el plano político, sindical y judicial, en Plaza Houssay la escena mostraba su impacto más inmediato: el inicio del cuatrimestre con aulas cerradas y estudiantes que se acercaban a las facultades principalmente para confirmar que, al menos por hoy, la actividad académica estaba suspendida.

Un conflicto que crece

El conflicto universitario se intensificó en las últimas semanas por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la ausencia de paritarias y el deterioro salarial acumulado desde 2023. Gremios docentes, no docentes, federaciones y autoridades del sistema advierten que la combinación de salarios depreciados y presupuesto sin actualización compromete el funcionamiento de universidades, colegios preuniversitarios y hospitales universitarios en todo el país.

Las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales coinciden en que la caída del poder adquisitivo y la falta de negociación colectiva conforman un escenario crítico. Mientras algunas federaciones impulsan un plan de lucha progresivo, otras señalan que el Gobierno no respondió a los pedidos de diálogo y cuestionan el proyecto oficial que propone modificar la ley vigente y otorgar incrementos en cuotas. En este contexto, la semana de protestas que comenzó hoy había sido ratificada por los gremios en asambleas realizadas en los días previos.

En los distintos sindicatos, el reclamo central apunta a tres ejes: la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria a paritarias y una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido en los últimos dos años. Las federaciones destacan que, desde la asunción del actual Gobierno, no hubo instancias formales de negociación y que la falta de actualización salarial y presupuestaria generó renuncias, caída de matrícula y dificultades para sostener actividades esenciales en las casas de estudio.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que no define medidas de fuerza pero monitorea el estado del sistema, también expresaron preocupación. Señalaron que, tras el veto presidencial y la suspensión por decreto de la ley, las universidades iniciaron una acción judicial y que sin su aplicación resulta “muy difícil” garantizar la normalidad del primer cuatrimestre. Recordaron además que más del 90% del presupuesto universitario se destina a salarios y que la ausencia de actualización repercute en docentes, no docentes, hospitales universitarios y colegios preuniversitarios.