Milei está cambiando su biblioteca

El historiador Tulio Halperín Donghi sostiene que a Juan Manuel de Rosas se lo suele exaltar por su tenacidad para resistir el avasallamiento de capitales extranjeros, en especial británicos, sobre el Río de la Plata. Observa que se trata de un error porque el verdadero mérito de Rosas consistió en organizar una economía autosuficiente cuando esos capitales carecían por completo de interés en estas tierras.

De Luis “Toto” Caputo se podría afirmar, salvando las distancias, algo parecido. Acaba de proponer que la Argentina se libere de la dependencia que mantiene con Wall Street. Es una dependencia imaginaria porque su programa no está en condiciones de que el sistema financiero internacional le facilite los dólares que necesita. La última vez que la Argentina realizó una mega emisión de deuda fue en 2018, gobierno de Mauricio Macri. El ministro que la diseñó fue Caputo. Pero aquel mundo era otro, el país era otro y Caputo era otro. Eterno Heráclito.

El Ministerio de Economía ya no puede tomar deuda como en aquel entonces. Hoy necesitaría emitir bonos por 10 o 15.000 millones de dólares para cubrir las necesidades financieras del año. La presunción de que Scott Bessent facilitaría 20.000 millones de dólares persuadiendo a bancos norteamericanos a proveer ese crédito se desvaneció. Esos bancos pidieron garantías que el Tesoro de los Estados Unidos no puede suministrar. Ahora se especula con que ese préstamo, si se consigue, no supere los 7000 millones de dólares.

Hacienda estuvo comprando alrededor de 1800 millones dólares en las últimas semanas. Y dispone de otros 700 millones por la venta de las centrales hidroeléctricas. Cuenta, además, con depósitos en pesos por alrededor de 4 billones, que podrían destinarse a comprar dólares al Banco Central. En su defecto, puede organizar un repo tradicional con entidades comerciales para cubrir los 4500 millones de dólares que vencen en enero. Son las dificultades de un país que no puede cubrir sus necesidades financieras en el mercado convencional y que, a diferencia de muchos emergentes, tampoco dispone de un mercado de capitales para hacerlo. Esas restricciones obligan a monitorear el nivel que registren las reservas del Central una vez que se pague la deuda.

Este pasable ajuste en el discurso oficial se completa con otro: Javier Milei ya no sostiene que toda emisión de moneda es perniciosa. Lo había hecho el 24 de abril del año pasado, cuando habló durante la cena de la Fundación Libertad. En esa oportunidad defendió la idea de que no hay emisión buena. Aun la que se encuentre acompañada por un aumento en la demanda de dinero es perniciosa, porque evita la apreciación que registraría el peso si se produjera una deflación. Citó a Philipp Bagus y su obra Defendiendo la deflación. Un libro menos para leer en el verano.

El Banco Central abandonó esa tesis y anunció el pasado lunes 15 que comenzará a comprar reservas emitiendo pesos, siempre que esa emisión esté acompañada por la demanda del mercado. El objetivo principal de ese argumento es garantizar que la mayor oferta de moneda no provocará un rebote de la inflación. La compra de dólares del Central podría provocar, aunque no es inevitable, una depreciación del peso en beneficio del dólar.

Más allá de las contorsiones retóricas, aparece un Milei menos libertario y más convencional, alineado con las insistentes recomendaciones de la mayoría de los economistas profesionales. Esa mayoría le estuvo recomendando recalibrar los objetivos de su programa económico. Es decir, no sacralizar el control de la inflación al precio de provocar distorsiones de mediano y largo plazo, como son las que generan la debilidad de las reservas y el atraso del tipo de cambio.

Este razonable cambio de postura cobija un interrogante. ¿Es el resultado de un examen de consciencia por el cual Milei y su equipo advirtieron que la obstinación frente a los consejos de muchos economistas y del Fondo puso al Gobierno al borde de un abismo del que sólo se salvó por la intervención de Donald Trump? Es una incógnita para los historiadores del futuro.

Lo tangible es que Trump puede ser arbitrario, pero no es todopoderoso. Hoy carece de margen interno para seguir funcionando como respirador de la Argentina. Desprovisto de la ayuda que se esperaba para una gran recompra de deuda, Caputo debe amoldarse a las exigencias del Fondo Monetario. Es evidente que Barry Bennett, el lobista que circula de la mano del “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo, como asesor de la Casa Blanca, tampoco resuelve todos los problemas. A él se le había adjudicado, con increíble exageración, haber conseguido el préstamo inicial de 20.000 millones de dólares que concedió Bessent.

No debe sorprender esta adaptación del Presidente a una política económica más estandarizada. Suele ocurrir con los líderes que radicalizan sus dogmas. Milei es uno de ellos. En la última reunión de gabinete sorprendió con otra asimetría. Recomendó la obra de Walter Block, Defender lo indefendible. El autor lleva la devoción por el mercado a extremos escandalosos, como la apología del trabajo infantil. Generó alguna perplejidad, por ejemplo, la imagen de Patricia Bullrich sosteniendo un texto que recomienda no combatir al narcotráfico si no se demuestra que genera violencia física. ¿Otro libro para sacar de la biblioteca?

Las sospechas sobre las actividades del lobista Bennett acaban de llegar a Tribunales. María Eugenia Talerico, patrocinada por Carlos Negri, presidente de la asociación Integridad Republicana, acaban de pedir a la Justicia federal que investigue la contratación de la consultora Tactic Global por parte de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Tactic Global pertenece al empresario Leonardo Scatturice y entre sus directores figura Bennett. Como Scatturice es muy cercano a Santiago Caputo y, a la vez, tiene numerosos contratos con el Estado, Talerico y Negri piden que se determine si la contratación de su empresa de lobbying no implica tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Estos dos abogados van más allá. Dado que Bennett realizó actividades y formuló declaraciones que pueden influir sobre la política doméstica, quieren que la Justicia determine si no violó la Ley de Inteligencia, que penaliza ese tipo de operaciones para cualquier agente ligado al aparato estatal de espionaje. Se inicia un interesante debate sobre un problema clásico: cuáles son los límites que separan lo público de lo privado en el ejercicio del poder.

Más allá del anecdotario del “Mago” Caputo, Scatturice y Bennett, las relaciones con los Estados Unidos siguen guiadas por el alineamiento automático. Aun así, la publicación del acuerdo comercial con ese país está demorada. Se había previsto hacerla el 5 de este mes. Pero existen factores que demoran el anuncio. Uno es la exigencia de que los productores agropecuarios paguen por el derecho de propiedad intelectual no sólo por las semillas modificadas que adquieren para la siembra, sino también por el grano que se produce a partir de esas semillas. El sector del software es otro campo de conflicto.

Sin embargo, la gran dificultad es la defensa que la industria farmacéutica argentina hace de las barreras que la han venido protegiendo. El corazón del entredicho radica en los obstáculos reglamentarios que se interponen al patentamiento de medicamentos elaborados gracias a la investigación de laboratorios extranjeros. En los grandes laboratorios locales hay una preocupación sin precedentes ante la posibilidad de que se abra la competencia con las empresas internacionales. Ese desvelo sólo fue atenuado el viernes pasado por el festejo del sobreseimiento definitivo de Alejandro Roemmers, dispuesto por la Cámara Federal en una causa escandalosa animada por denuncias extorsivas.

Los especialistas en comercio exterior creen que la Argentina concederá mucho más de lo que va a recibir en el entendimiento con los Estados Unidos. En el oficialismo esa asimetría no representa un problema. Para Milei y la mayoría de sus funcionarios la apertura es, de por sí, virtuosa. De hecho, es la primera vez desde que gobernaba Carlos Menem en los años ’90 que no existen cupos para las importaciones. La protección está dada sólo por los aranceles y, como es obvio, por el régimen cambiario. Este fenómeno presenta evidencias muy llamativas durante estas fiestas, sobre todo en sectores como el textil. En muchas tiendas de prendas de fabricación local se mantuvieron los precios de la Navidad de 2024. ¿La explicación? La ola de compras desde China. Es un fenómeno que está en el centro del debate económico y que determinará cada vez más la disputa política.

Las ventajas o perjuicios del acuerdo con los Estados Unidos no modifican para nada la adscripción de Milei al liderazgo de ese país. La última manifestación fue la negativa del Gobierno a suscribir una advertencia en contra de las amenazas de Trump de intervenir con una fuerza militar sobre Venezuela. El Brasil de Lula da Silva quiso conseguir una declaración en ese sentido en la última cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú. Pero Milei pronunció un discurso celebrando esa presión contra Nicolás Maduro, al que calificó como un dictador “atroz e inhumano”.

El capítulo comercial de la cumbre de presidentes no fue más exitoso. Pero la responsabilidad en este caso es europea. Estaba previsto que antes del 15 el Consejo de Estado de la Unión Europea, integrado por los presidentes de los países miembros, aprobaría el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. No fue posible por la negativa de Italia, representada por Giorgia Meloni. Ahora esa aprobación, demoradísima, se produciría en febrero. Es lo que prometió Meloni a Lula da Silva: “Necesito un mes para ajustar algunas cuestiones internas”. Lula le creyó.

En la fila de estos acuerdos están India, Japón y Vietnam, que negocian con distintas velocidades. También podría haber un tratado con el Reino Unido. Pero se interponen algunas tensiones con la Argentina. Por ejemplo: Londres sigue sin responder al pedido de plácet de Luis María Kreckler, propuesto en julio como embajador de la Argentina. El canciller, Pablo Quirno, deberá decidir si mantiene esa postulación o la retira. Al parecer, Kreckler estaría pagando el costo de posturas muy nacionalistas del antecesor de Quirno, Gerardo Werthein. Hay todo un folclore alrededor de esa sensibilidad de Werthein, a quien hasta se le atribuye tener una guardia de seguridad personal organizada por veteranos de Malvinas.

La relación con el Reino Unido tiene una influencia, aunque muy indirecta, en uno de los procesos más relevantes de la política internacional en los que tiene protagonismo un argentino. Es la elección del secretario general de Naciones Unidas (ONU). Allí corre con ventaja Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que pertenece a la ONU. Expertos independientes observan que Grossi tiene una ventaja: no estaría, al menos hasta ahora, amenazado por el veto de ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En principio darían su aprobación los Estados Unidos, Francia, y China. ¿El Reino Unido? Ese es el enigma. Grossi compite con dos candidatas principales. Una es Michelle Bachelet, quien a partir del triunfo de José Antonio Kast como presidente de Chile podría ver peligrar el apoyo de su país. La otra es Rebeca Grynspan, exministra de Economía de Costa Rica, que ocupó la secretaría general de la Comunidad Iberoamericana.

Las relaciones de la Argentina con los Estados Unidos pueden tener derivaciones en otro terreno convulsionado: el del fútbol. Uno de los grandes riesgos de Claudio “Chiqui” Tapia y de su controvertido “cajero”, Pablo Toviggino, es la celebración de negocios poco transparentes en territorio norteamericano. No sólo la poco justificada inauguración de oficinas de la AFA en Miami. Por esa ciudad pasaron caudalosas sumas de dinero que se habría originado en la reventa de entradas del mundial de Qatar. Ya se publicó en LA NACIÓN la presunción de que podrían haber quedado estacionados 12 millones de dólares en un departamento de Marcela Faroni en Miami. Diputada provincial bonaerense, es la hermana del productor de espectáculos Javier Faroni, del círculo íntimo de Sergio Massa. En las últimas horas se agregó otra versión: que quedaron en Qatar 50 millones de dólares a la espera de que alguien pueda retirarlos. Habladurías.

El manejo de estos fondos converge con otras fechorías en el funcionamiento de una red de agencias financieras que están bajo la observación de la DGI. Uno de los nudos de esa trama es Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Por allí no se cursaban sólo los fondos, negros y blancos, de la AFA y de muchos clubes asociados. Los investigadores sospechan que también circulaba dinero del juego clandestino. No es una casualidad. Las apuestas deportivas están muy ligadas al negocio de los clubes. No sólo porque las grandes empresas auspician a esas instituciones. Existe un submundo que vive del dinero de los apostadores en relación con los partidos de fútbol. Es una actividad clandestina de la que, en infinidad de casos, viven hasta los familiares de los futbolistas, en especial de lo que compiten en clubes del ascenso y ganan sueldos muy modestos. ¿Quiere decir que los resultados del fútbol están contaminados por las exigencias de los capitalistas de juego? Esta es la deformación que estaría avanzando desde hace algunos años. Y mueve fortunas.

Existe otra dimensión en esa trama financiera que está saliendo a la luz. Francisco Olivera se refirió a ella en LA NACIÓN: es la extracción del Banco Central de dólares a cotización oficial que se vendían en el mercado paralelo, con la renta de una brecha qua a veces superaba el 100%. En ocasiones se simulaban operaciones de comercio exterior. A veces, ni siquiera eso era necesario. Este negocio salpica la gestión de Massa y también la de Guillermo Michel en la Aduana.

La necesidad de mantener el manto de discreción que pesa sobre estas actividades durante la gestión de Alberto Fernández explica el gran interés existente en controlar la Auditoría General de la Nación. Para Massa puede haber sido muy tranquilizador que uno de los representantes de la Cámara de Diputados en ese organismo, Pamela Calletti, responda a su amigo Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Otra auditora, Mónica Almada, fue postulada por La Libertad Avanza, por orden de Karina Milei. Almada había sido expulsada del Ministerio de Economía por orden de Luis Caputo, a instancias de Santiago “Mago” Caputo, con el argumento de que había mantenido demasiadas reuniones con Eduardo “Lule” Menem. La hermana del Presidente decidió, en un gesto de autoridad, respaldar a Almada. El tercer auditor es Juan Ignacio Forlón, por el PJ: es un militante de La Cámpora.

Esta selección provocó la ira de Cristian Ritondo, que vio postergado al Pro. Desde ese partido se denuncia ahora un pacto entre los libertarios de Milei y los peronistas de Cristina Kirchner. Es verdad: existió ese pacto. Es una expresión de la fluidez que caracteriza hoy a la política. Porque dos semanas antes de ese acuerdo, en una comida que se sirvió en la casa del diputado del Pro Álvaro González, Ritondo se había comprometido a votar en combinación con el kirchnerismo para la exclusión del representante de La Libertad Avanza. Los auditores iban a ser Forlón, Jorge Triaca por el Pro, y Emilio Monzó por los gobernadores de Provincias Unidas.

Durante el encuentro Ritondo recibió un llamado de Diego Santilli. Se levantó de la mesa y mantuvo un diálogo que nadie escuchó. Con la sagacidad que lo caracteriza, el diputado Nicolás Massot, aliado de Monzó, se dirigió a Ritondo cuando volvió a la mesa. “Cristian, aseguranos que mantenés el acuerdo con nosotros y el PJ. Si girás, por lo menos poné el guiño”. Massot sospechaba que Ritondo cruzaría de vereda y arreglaría con el Gobierno. Dicen que pedía un lugar en el directorio de YPF y 18 representaciones de la Anses en la provincia de Buenos Aires.

Ritondo escuchó a Massot y le contestó: “No sólo no giro. Acelero”. No le dieron la oportunidad. Karina Milei aceleró a mayor velocidad y pactó con el PJ en contra de él. El que esté libre de pecado...