El ajuste del empleo estatal siguió avanzando hacia el cierre de 2025 y dejó una nueva foto de la estructura del sector público nacional. Los datos oficiales difundidos por el INDEC correspondientes a diciembre mostraron que la reducción de personal no solo se sostuvo en el tiempo, sino que consolidó una caída significativa desde el inicio de la actual gestión, con impactos diferenciados según áreas, organismos y empresas del Estado.
De acuerdo con el informe de “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, la planta total se ubicó en diciembre de 2025 en torno a los 280.000 trabajadores, con una baja mensual y un retroceso interanual que confirmaron la continuidad del proceso de ajuste. La contracción acumulada desde diciembre de 2023 se convirtió así en uno de los rasgos más persistentes de la política fiscal del Gobierno, en paralelo a un mercado laboral privado que mostró señales de mayor fragilidad.
Ese contraste volvió a ganar relevancia en el análisis económico. Mientras el recorte del empleo público avanzó de manera sostenida pero acotada en términos absolutos, la destrucción de puestos formales en el sector privado se profundizó durante 2024 y 2025, con un crecimiento de modalidades laborales más precarias. Los últimos datos oficiales y las estimaciones privadas colocaron ese fenómeno en el centro del debate sobre el impacto social del ajuste y la capacidad de la economía para generar empleo registrado.
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondiente al último mes del año pasado, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado alcanzó las 280.120 personas, lo que implicó una caída interanual del 7,2% y una baja mensual del 0,6%. Desde diciembre de 2023, el ajuste se sostuvo de manera ininterrumpida y consolidó una reducción significativa del empleo estatal.
El desagregado por estructura organizativa reflejó que la administración pública nacional concentró 190.936 puestos, con una caída interanual del 7,1%, mientras que las empresas y sociedades del Estado registraron 89.184 trabajadores, con una contracción del 7,4%. En términos absolutos, la disminución se distribuyó entre la administración centralizada, la descentralizada, la desconcentrada y otros entes, sin que ningún segmento quedara al margen del ajuste.
Un análisis complementario elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) —un think tank kirchnerista— estimó que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el sector público nacional perdió 63.234 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 18,4% de la dotación total. “El recorte persistente en el empleo público se verificó en todos los meses de la gestión libertaria”, señaló el informe, elaborado en base a datos del INDEC.
De acuerdo con el CEPA, en términos absolutos el mayor ajuste recayó sobre las empresas y sociedades del Estado, seguidas por la administración descentralizada y la administración centralizada. En términos porcentuales, en cambio, la contracción resultó más intensa en la administración centralizada, lo que reflejó un fuerte impacto sobre las estructuras directamente dependientes del Poder Ejecutivo. “El ajuste golpeó con más fuerza a los organismos centrales del Estado”, afirmó el centro de estudios.
Los datos del INDEC permitieron identificar diferencias relevantes entre áreas y organismos. Dentro de la administración centralizada, la dotación se redujo a 38.940 trabajadores, con una caída interanual del 10,5%. En la administración descentralizada, el personal sumó 116.222 puestos, con una baja del 6,4%, mientras que la administración desconcentrada registró 21.733 empleados, con una contracción del 6% interanual.
El informe del CEPA profundizó ese análisis y elaboró un ranking de organismos con mayores recortes. En términos absolutos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encabezó la lista dentro de la administración pública nacional, con 3.302 puestos menos. Le siguieron el CONICET, con 2.094 desvinculaciones, y la ANSES, con una reducción de 1.659 trabajadores. “El ajuste comprometió capacidades técnicas y operativas en áreas estratégicas”, advirtió el centro de estudios.
En el universo de las empresas públicas, el Correo Argentino lideró el recorte, con 5.284 puestos eliminados, seguido por la Operadora Ferroviaria, con 3.637, el Banco Nación, con 2.208, y Aerolíneas Argentinas, con 1.872. Según el CEPA, estos recortes “no solo implicaron una pérdida laboral masiva, sino que afectaron funciones esenciales vinculadas a la conectividad, la logística y la integración territorial”
El análisis proporcional mostró casos aún más extremos. La ex Télam registró una reducción cercana al 79% de su planta, mientras que organismos como ENARSA Patagonia, Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos también exhibieron recortes superiores al 40%. “No se trató de un ajuste administrativo neutro, sino de una redefinición del rol del Estado”, sostiene el informe.
La evolución del empleo estatal contrasta con la dinámica del mercado laboral privado. Mientras el ajuste del sector público se ubicó en torno a los 63.000 puestos desde el inicio de la actual gestión, distintos informes oficiales y privados mostraron que el empleo privado registrado perdió cerca de 200.000 trabajadores en el mismo período, acompañado por un crecimiento de modalidades precarias e independientes.
La comparación deja una conclusión incómoda para el discurso oficial. Pese a la centralidad simbólica de la motosierra aplicada al Estado, la destrucción de empleo resultó más severa en el sector privado formal que en el público.

